PREOCUPA A LOS INTENDENTES EL AUMENTO DEL GASTO EN SEGURIDAD

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Lunes, 26 de Marzo de 2012 03:31
En abril de 2009, el gobierno nacional lanzó el «Plan de Seguridad Ciudadana», que iba a proveer financiamiento para incorporar equipamiento y tecnología a las tareas de prevención del delito en las comunas del Conurbano, de nuestra región y las más pobladas del interior.
Los intendentes, destinatarios de la demanda ciudadana por mayor seguridad -aunque se trate de un servicio prestado por el Estado provincial y, en menor medida, el nacional- y crecientemente convencidos de que debían involucrarse en esa prestación, aceptaron entusiasmados la propuesta.

Fueron 400 millones de pesos que la Nación desembolsó en dos etapas, y con los que los intendentes potenciaron la tarea de la Policía provincial con la compra de tecnología -como Gps para los patrulleros y videocámaras para la vía pública- y la adquisición de móviles para patrullar los barrios. Pero además, contrataron personal para el manejo del nuevo equipamiento.

BUENAS Y MALAS

Pero el plan -en rigor el desembolso de fondos- concluyó, con un saldo positivo: las comunas pudieron sumar equipamiento y efectivos clave para la pelea contra la delincuencia; y un costado negativo: los municipios sumaron costos fijos que ahora les resulta difícil sobrellevar.

Los intendentes, en general, tomaron previsiones, con el correr de los años, frente a las mayores responsabilidades que fueron adquiriendo en materia de seguridad. Buena parte de los municipios cobra a los vecinos una tasa específica con la que ayudan a la Policía a atender la reparación de patrulleros y la compra de combustible, entre otras erogaciones.

Pero el plan nacional terminó de elevar fuertemente los costos. Es que, por ejemplo, muchos intendentes contrataron retirados de las fuerzas de seguridad para conducir vehículos municipales, a cambio de que la Policía sume un efectivo a esos móviles para aumentar, así, las tareas de patrullaje y prevención. Y ahora, agotado el financiamiento nacional, esos sueldos deben ser atendidos por las arcas municipales.

Lo mismo ocurre con los sueldos del personal incorporado a los centros de monitoreo, mientras que muchos intendentes aceptaron en estos últimos dos años hacerse cargo del combustible y el mantenimiento de los patrulleros sumados por la Policía en sus distritos.

PRIMEROS PLANTEOS

Las primeras quejas se escucharon en los últimos días, en sintonía con otra señal de alerta que inquieta a los intendentes: la caída en los recursos que por la coparticipación impositiva recibirán este año.

En reuniones con el gobernador Daniel Scioli y su gabinete, varios jefes comunales hicieron plantearon el tema como una carga más que deben absorber los presupuestos municipales. El intendente de uno de los distritos grandes del Conurbano se quejó con un «ejemplo» concreto: «Contratamos 100 policías retirados para tener más móviles patrullando y hace ocho meses nos tuvimos que hacer cargo de los sueldos».

En varios distritos, la incorporación de móviles rondó las 20 unidades, lo que implica, según destacan los intendentes, la contratación de unos 60 choferes -para cubrir las 24 horas del día con tres turnos- cuyos salarios deben ser atendidos ahora por el municipio.

Pero no es ése, el único «costo fijo» incorporado en materia de seguridad. Así lo explica un jefe comunal del Conurbano: «Con los fondos nacionales, los municipios instalamos videocámaras en la vía pública y los centros de monitoreo correspondientes, y tomamos personal para trabajar en esos centros. Ahora, los sueldos y el mantenimiento de todo el sistema quedaron a cargo nuestro».

El tema, como se dijo, fue motivo de análisis en las reuniones que en las últimas semanas varios intendentes mantuvieron con el Gobernador y sus ministros. Y una de las ideas que se lanzó al ruedo fue la de sondear la posibilidad de que la Nación «revitalice el programa», con una nueva inyección de fondos. Pero por ahora sólo se trata de una «idea».

PREVENCIONES

Quizás por esta situación, varios intendentes miran con algún recelo el proyecto de Policía de Prevención Municipal que impulsa el gobierno bonaerense. En rigor, temen que la creación de esa fuerza local termine, con el correr del tiempo, transformándose en otra carga presupuestaria para las administraciones locales sin el consecuente traspaso de recursos provinciales.

En los últimos días, este tema fue motivo de análisis en una reunión de la Federación Argentina de Municipios de la que participaron jefes comunales y legisladores provinciales y nacionales. El objetivo es asegurarse que, antes de que se avance con el proyecto que ya está en la Legislatura, se otorguen garantías de que las comunas tendrán los fondos suficientes para atender la nueva demanda.

En la Provincia conocen esta situación y, como forma de anticiparse al debate, escribieron dos artículos en ese proyecto que permitiría a los municipios incluir en el plan a los policías retirados que ya contrataron, de manera de «descargar» parte de los gastos que heredaron del fenecido plan nacional. Pero el debate sigue abierto.